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Industria de la Construcción pide ajustes en contratos de obra pública ante COVID-19

La pandemia de coronavirus COVID-19 no sólo ha golpeado la salud de millones de personas en todo el mundo, sino que se prevé alterará la economía mundial a niveles únicamente comparables con los de las Guerras Mundiales.

Para evitar que las industrias tengan mayores pérdidas y puedan garantizar su operación, se han desarrollado varias propuestas que requieren una atención inmediata. En México, el licenciado Gunter Carranza, director general de Gunter & Bonetti Abogados, despacho asesor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), platicó con VIP Experiences sobre una solicitud puntual que beneficiaría a la industria en su conjunto.

“La construcción, y en específico la obra pública, tiene interacción con tres de cada cuatro industrias en el país, es muy versátil. No sólo es lo que produce de manera natural, sino lo que genera. Es mucho el beneficio que crea, pero también es mucho el daño colateral que llega a generar cuando se produce un paro“, explica.

Al instaurar las primeras fases de contingencia ante la pandemia, el Gobierno de México no colocó a la industria de la construcción en el listado de actividades esenciales, lo que pone en riesgo no sólo a la obra pública, sino el futuro de la propia industria, y con ella, millones de empleos en el país.

Foto: Pixabay.

“La Cámara está pidiendo el que no se frene la obra púbica, pues hubo una imprecisión de parte del Gobierno y las instituciones encargadas de ello de no declarar como actividad esencial a la obra pública, y por ello, muchos estados de la República optaron por frenarla. Hay otros estados, como la Ciudad de México que no la pararon de manera formal, pero nos parece una Crónica de una Muerte Anunciada”, abunda sobre la situación de la industria.

El gobierno federal ha dicho que solamente las acereras y concreteras va a continuar, para cubrir con los contratos de obra pública prioritarios para la nación, llámese Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, “es decir, sin decir de frente que parará la industria, lo está diciendo”, acota Carranza.

Ante ese panorama, la CMIC presentó dos peticiones que deberían atenderse con prontitud, y son puntuales: “Que no se frene (la obra pública), y que se tomen las medidas necesarias para el impacto económico que va a traer el freno y los ajustes que van a repercutir en el ejercicio de la misma cuando se reactive. Todo el tema de la obra viene, de, por ejemplo, el costo directo de tener muchos productos e insumos, contratos firmados con el dólar a 19 pesos, incremento brutal en el precio de la varilla; el cierre de concreteras ha producido gran demanda y tendrá un impacto. Una obra que estaba presupuestada en enero -por decir un número al aire- en 10 millones, para agosto o septiembre, que esto pueda estar reactivándose, va a costar 15 millones. ¿De dónde va a salir ese dinero para concluir la obra? Ya no hablamos de utilidad”.

Carranza, es enfático y claro, el gremio constructor no está cuidando las utilidades, sino su permanencia para continuar en el mercado. El licenciado hace un análisis a las condiciones económicas del país y prevé que se caiga en insolvencia, repercusión en obras inconclusas y en un subejercicio como nunca antes visto.

Foto: Pixabay.

“No es una exigencia, es una propuesta. El gobierno debe incrementar las medidas de salud para el tema de la obra pública y decretarla actividad esencial. Ante un panorama inminente que es la Fase 3, que estaría por llegar en los próximos días, y que nos ajustaremos a las normas de salud y tengamos que parar en su totalidad, lo que pedimos es un decreto por parte del Congreso de la Unión, así como los Congresos estatales, donde se prevea el ajuste al costo directo de las obras de manera pronta. Pedimos que ese decreto homologue a nivel nacional el tema de los ajustes a los costos indirectos, financiamiento y utilidad cesante”.

Durante la pandemia, los constructores deberán mantener los gastos generados por oficinas, sueldos, servicios, impuestos y cuotas sociales, todo, por un tiempo mayor al previsto para el desarrollo de la obra y todo eso es un costo indirecto.

Con estas medidas la CMIC no obtendría ganancias, pues habrá pérdidas, lo que buscamos es que sean las menos, para que nos permitan seguir operando cuando pase el COVID“, puntualiza Gunter Carranza.
Las micro empresas significan el 84% de los afiliados de la CMIC, y de no tomar en cuenta las propuestas presentadas, el director general de GB Abogados finaliza con una cifra contundente: “Estarían en peligro unas cinco mil micro empresas, lo que se traduciría en una pérdida directa de unos 1.8 millones de empleos”.

Así de grande y relevante es la propuesta de la CMIC ante el Congreso.

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